Por Oscar Peñaloza / @OscarPenaloza26

Como sacado de una película, los sexenios neoliberales reflejaban la mítica frase de Al Pacino: “país lo primero que hay que tener es dinero, cuando tienes dinero tienes poder”. Esa fue la única ruta de los gobiernos del PRIAN: enriquecerse a manos llenas saqueando al país por completo. 

Cheques millonarios para terrenos inexistentes

Emilio Zebadúa, en estos últimos días ha declarado ante la Fiscalía General de la República desfalcos millonarios operados por la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga.

Mediante la operación de diversas dependencias desde la Presidencia de la República, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), operaron y tramaron una red de corrupción alrededor de la compra de los terrenos para la construcción del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). 

Esta operación, no podía ser realizada únicamente por el gobierno de Peña Nieto, necesitó el aval de la sociedad civil, y el elegido para llevarse parte del motín fue el Frente Auténtico Campesino (FAC), un Frente de “organizaciones campesinas” vinculadas al dinero y no a las luchas sociales, aquellos que como mencionó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, son dirigidas por corruptos, pica ojos, que pedían moches. 

La operación la realizó la SEDATU con el aval de la SHCP para destinar 400 millones de pesos, a través de 200 cheques por montos que oscilaban entre los 300 y los 10 millones de pesos. 

El pretexto era la adquisición de los predios “Los Tlateles” y “el Moño”, en donde se construiría el extinto NAIM.  Lo que significaba la reubicación de 256 hectáreas de los supuestos propietarios y la compensación por la superficie de 327 hectáreas.

Sin embargo, los cheques se entregaron a cambio de nada y a personas que no comprobaron títulos de propiedad de los terrenos, por lo que los terrenos no cambiaron de estatus jurídico. 

No se les pagó a los verdaderos dueños.  En la cláusula segunda del convenio  de concertación firmado el 14 de junio de 2018 establece que la ayuda social se otorgaba a cambio de la no invasión de los terrenos. 

Se pagó a cambio de nada, a dueños que no existieron, por terrenos fantasmas, con recursos no presupuestados, con un programa inexistente.

Zebadúa señaló a Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado y a Rosario Robles como los estructuradores de este esquema para la compra de terrenos aledaños. Y señaló a René Juarez Cisneros actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, en su momento subsecretario de Gobernación, de realizar las negociaciones con los supuestos beneficiarios. En este proceso se apoyaron de CONAGUA, la SCT, GACM y SEMARNAT.

Se les hizo costumbre

Esto no fue un caso aislado, sino una operación sistemática en el sexenio peñista, en donde los funcionarios de ese gobierno en conjunto con “organizaciones sociales” ligadas al PRI y al PAN intervenían en litigios y simulaban una lucha social, para así obtener beneficios económicos y robar el dinero de los mexicanos. Ahora se entiende de donde salían las camionetas de lujos, viajes al extranjero, fiestas y cintos piteados, de los seudo dirigentes de organizaciones ligadas a esos gobiernos.

Lo irónico es que hace un año aproximadamente, el 14 de noviembre de 2019, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos (organización integrante del FAC), le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar pruebas de corrupción. Cómo decía la abuela: “Cae más rápido un hablador, que un cojo”. 

No es de extrañar que desde el inicio de la cuarta transformación el FAC ha golpeteado y estado en una constante descalificación al gobierno actual. Hace unos meses el FAC y el PAN acordaron ir juntos en el 2021 para combatir al presidente. 

No cabe duda, el FAC tiene muchas coincidencias con el PAN; no luchan por un cambio social, luchan porque regrese la corrupción y los moches. 

Luchan porque extrañan los lujos y la vida de exceso a costa de los mexicanos.  A diferencia de organizaciones campesinas emanadas de verdaderas luchas sociales como la CNPA, CIOAC JDL, ANEC, CCC; que luchan por que las condiciones del campo mejoren y se obtenga un desarrollo rural sustentable.

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M21

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