Alessandra, la trinchera indiscreta

La ultraderecha hace de las madres buscadoras un problema de exportación y lleva a los foros internacionales una queja sobre desapariciones perpetradas en sexenios anteriores, en su gran mayoría, y señala al gobierno de México como su represor.

Una de las representantes más activas de la ultraderecha en México es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien desconoce sus atribuciones y tiene objetivos de acuerdo con su manera muy personal de conducirse antes que obedecer las leyes.

Desde el rapto de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Guevara, hasta la donación de un espacio del pueblo a la iniciativa privada, son actividades que nada tienen que ver con las necesidades urgentes de la alcaldía que supuestamente gobierna.

La intención de la ultraderecha de la que forma parte Alessandra no es construir sino destruir. Cuando convoca a las madres y familiares de personas desaparecidas, no lo hace con el objetivo de contribuir a su búsqueda, sino de desgastar al gobierno; su discurso al respecto lo comprueba. El objetivo principal es político y no humanitario.

A la convocatoria de Alessandra sólo llegaron 50 familiares de desaparecidos, a quienes presentó un plan de acción para acompañar sus procesos de búsqueda. Nada nuevo, pero al presentarlo ella cree que tendrá repercusión para poder decir que el gobierno no atiende este añejo conflicto engendrado desde los años 50 del siglo pasado.

Les solicitó que narraran la problemática que les afecta, pero eran interrumpidas por la alcaldesa para insistir en que se hiciera énfasis en “los obstáculos que han enfrentado con distintas instituciones”.

La Segob ha ofrecido exactamente las mismas facilidades a los familiares de desaparecidos que la alcaldesa, incluso mucho más, pero no su explotación mediática, que es la condición que exigen algunos colectivos. El gobierno insiste en evitar hacer de este problema social un espectáculo y lucrar políticamente con lo otorgado a los familiares de las víctimas; sin embargo, la oposición insiste en que no se hace nada porque no hay notas periodísticas que colocarían en la línea de fuego a la Presidenta por un problema que no se generó recientemente, sino en el régimen del autoritarismo. Hay registros que dan testimonio de lo contrario.

Para cerrar con broche de oro esta pieza de demagogia, la alcaldesa colocó una placa denominando “Salón de Cabildos Madres Buscadoras”.

Para no comprometerse, la alcaldesa dijo al final del evento: “No les puedo prometer lo que jurídicamente no está en nuestras manos, pero tampoco voy a esconderme detrás de las facultades de una alcaldía para decirles: ‘Eso no nos toca’. Porque cuando una persona necesita ayuda, nuestra primera pregunta como gobierno no puede ser si nos corresponde o no nos corresponde. Tiene que ser cómo sí podemos ayudar”.

Si es tan experta en conocer lo que le corresponde hacer a la alcaldesa, debería saber que no puede prestarle o darle en comodato a la iniciativa privada un espacio que pertenece al pueblo, por noble que sea la causa.

Alessandra Rojo entregó la Casa de la Cultura Alfonso Reyes al consorcio de Farmacias Similares, recinto que es responsabilidad de la alcaldía, pero no propiedad de la alcaldía, términos que todavía su vocabulario de 200 palabras no entiende.

La alcaldesa cedió la Casa de Cultura Alfonso Reyes a la Fundación del Dr. Simi para “rescatar espacios públicos” y convertirlos en centros comunitarios con comedor y consultorios. Sin embargo, nunca se realizó una sola consulta, pero lo que sí surgió de esta situación fue un descontento vecinal.

Días después, la alcaldesa, desde sus redes sociales, informó que el Gobierno de la Ciudad de México le solicitó mediante un oficio la entrega de la Casa de Cultura Alfonso Reyes, ubicada en la colonia Vista Alegre, lo que calificó de “venganza política” y anunció que responderá por la vía legal.

En el marasmo mental de la alcaldesa se considera que si se hacen mejoras al inmueble que es responsabilidad de la alcaldía, automáticamente dicha casa pasa a ser propiedad de la alcaldesa, porque defendió su decisión así: “Después de todas estas mejoras, el Gobierno de la Ciudad de México nos envió un oficio donde exige que hay que entregar esta casa”.

Pero también amenazó: “Si rechazan el diálogo y pretenden usar un trámite administrativo para desplazar a la alcaldía por razones políticas, van a tener que explicárselo a la gente”, cuando en realidad la gente nunca fue consultada sobre el cambio de giro de la casa de cultura.

La alcaldesa adopta su cargo como trinchera para desgastar al gobierno, hace trabajo proselitista, no social y mucho menos humanitario. Debería ser despedida de inmediato, más aún cuando reprime a los ciudadanos a golpes, encarcelamientos y desapariciones por el atrevimiento de protestar en la explanada de su castillo administrativo de la alcaldía.