Caminos y montañas

LEY GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS VS PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La LEY GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS, que está empujando el gobierno federal vía proceso de consulta abierta, según tiene como finalidad “reconocer a los 68 o 69 etnias indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con patrimonio propio”.

Se nos presenta como una vía jurídica para reconocer las carencias históricas que arrastran nuestros pueblos originarios; sin embargo, esta ley, como otras anteriores, corre el riesgo de ser otra más en las que se reconocen derechos, pero no dan soluciones -o incluso- niegan las necesidades ancestrales que viven nuestras etnias.

Analizar a tiempo y discutir con inteligencia estas propuestas cuando vienen de los gobiernos es una obligación por parte de los sujetos supuestamente beneficiados, pues ya pasó lo mismo cuando los ejidatarios y campesinos dieron carta abierta a las reformas del artículo 27 constitucional en 1992.

¿Quién no recuerda aquellos casi elocuentes discursos salinistas afirmando que en poco tiempo nuestros campesinos y ejidatarios alcanzarían los mismos ingresos y niveles de vida y de productividad que sus pares estadounidenses y canadienses? Que el Programa de Apoyos Directos al Campo -Procampo- haría ese milagro; pero 33 años después, esos campesinos y ejidatarios simplemente volvieron a ser peones –otra vez tuvieron un patrón–, pues sus tierras les fueron arrancadas -volvieron los latifundios- y muchos más tuvieron que migrar por trabajo al norte del país.

En aquellos tiempos, el Censo Ejidal y Agropecuario de 1991 reportaba que existían más de 3.53 millones ejidatarios y comuneros con títulos o derechos agrarios reconocidos, distribuidos en casi 30 mil núcleos agrarios -ejidos y comunidades- y, entre ellos, más de 3 millones -de campesinos- eran sus propios patrones, ya que tenían su propia parcela de forma individual. Actualmente, el Registro Agrario Nacional -RAN- mejor publica el número de personas que integran o viven en los ejidos y comunidades agrarias, en lugar de seguir publicando el número de títulos de derechos agrarios como se hacía en el antiguo Censo Ejidal y Agropecuario.

Con este antecedente mortal de la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992, sería muy bueno que los Consejos de Ancianos de las 68 etnias aún existentes se declaren en “Pleno Permanente” y que de allí salgan todas las opiniones y versiones que consideren otorgar a la LEY GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS, que les está poniendo de “carnada” el gobierno federal.

Pues, el “fondo” de esta consulta es comenzar a “echar mano” del resto de la propiedad social que aún conserva el país, que se estima en casi 100 millones de hectáreas repartidas entre ejidos y comunidades y, aunque no se conoce qué porcentaje corresponde a los pueblos originarios, se trata de tierras ricas en recursos naturales como agua, minería, bosque, tierras raras y más.

Incluso, una contraoferta que se antoja muy sugestiva, que pueden ofrecer los pueblos originarios vía Consejos de Ancianos -su máxima autoridad- consiste en llevar más a fondo su respuesta, buscando impactos estructurales y de largo plazo en el desarrollo de los pueblos originarios; esto es, si el gobierno federal realmente tiene voluntad de sacar adelante a los pueblos originarios, en sus manos está el arma más poderosa para hacerlo, ya que tiene el control de las mayorías en el poder legislativo donde se aprueban los presupuestos anuales del gasto público y no solo las leyes.

Si en el buen corazón del sistema está el compromiso de sacar del abandono y marginación a los pueblos originarios, bastaría que instruya a la Secretaría de Hacienda y a sus diputados para que, al momento de presentar, analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación -PEF- en la Cámara de Diputados, se incluya un Apartado Presupuestal Exclusivo para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, bajo la forma de un Programa de Desarrollo de los Pueblos Originarios; así, sus comunidades, economía y cultura autóctonas se conservarían.

Por ejemplo, dicho presupuesto puede ser un porcentaje equivalente -no menor- al de la población que el INEGI contabiliza como indígena; esa misma fuente estadística considera que aún existen 14.4 millones de indígenas en México, sin contar los que se autodefinen como tales. Esta sí sería una acción afirmativa para “rescatar” a nuestros pueblos de la marginación, pobreza y abandono del que han sido objeto desde la conquista.

Llegar a contar con un presupuesto indígena, eso sí sería realmente atacar de fondo a los rezagos históricos de los pueblos originarios vía gasto público, mediante la asignación de una parte del presupuesto federal que ronda los 10.2 billones de pesos al año; suena tan fácil asignar un porcentaje exclusivo para el desarrollo de nuestros pueblos originarios y; luego, entonces sí podrán venir detrás otras leyes que tengan que ver más con acciones afirmativas para estos grupos tan maltratados por la historia económica, política y partidista.

Por ejemplo, que en seguida venga un Plan o Programa para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, pero exclusivo no como mero agregado de los planes estatales y nacionales de desarrollo, que solo se hacen para cumplir con los mandatos del artículo 26 constitucional.

En ese plan de desarrollo indigenista pueden contemplarse acciones tan esenciales como aprovechar de forma sustentable sus aguas, bosques, explotaciones mineras, tierras agrícolas y ganaderas, recursos pesqueros, entre otros. Además, dotar de infraestructura comunitaria, carreteras y comunicaciones y emprender acciones para desarrollar y conservar sus propias lenguas, cultura, artesanías, educación, medicina tradicional, sistemas de creencias, gobierno y administración de justicia; pues, ningún actor externo tiene derecho a “eliminar” su Usos y Costumbres.

En cambio, con acciones en positivo como las señaladas, en pocos años, los pueblos originarios podrán contar con una clase empresarial productora de bienes y servicios, crear capacidades de inversión y exportación, contar con directivos, financieros y empresarios autóctonos. Así podrán irse insertando al mercado nacional e internacional, sin perder su identidad cultural y de gobierno ni sus tierras y recursos naturales.

Con esas dos acciones bastaría para probar la buena voluntad del gobierno y, solo entonces, sí podrá decir que se preocupó y trató dignamente a los pueblos originarios.

En cambio, tal como se está comprobando, la flecha ya fue disparada usando al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas -INPI-, institución que dice representar los intereses de los pueblos originarios, pero que funge como la dependencia convocante y articuladora del proceso de consulta nacional, pero solo pretende realizar 88 asambleas para aprobar dicha ley. Por lo que, la gran mayoría de las casi 16 mil comunidades quedarán sin ser escuchadas; por ende, se prevé que los Consejos de Ancianos serán olímpicamente ignorados.

El plan ya está amarrado; el INPI convoca, mientras que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica integrarán el “proyecto de ley”, que luego presentarán al Congreso de la Unión, aprobándolo a la velocidad del rayo e inmediatamente, en lo que canta “el gallo”, los pueblos originarios tendrán una ley que no pidieron, pero sin cambiar de fondo las condiciones de pobreza y marginación que padecen desde hace más de 500 años.

Así que los Consejos de Ancianos y las demás figuras de gobierno indígena deberán mantenerse muy unidas; pues, como reza el refrán: “confiar es bueno, pero desconfiar es mejor”.

Hasta pronto