Por Lucía Deblock

Desde hace varias semanas la discusión pública en México oscila entre dos polos que, sin embargo, tienen como eje rector al INE.

Por un lado, la concentración de la oposición en el zócalo de la CDMX, el pasado 28 de febrero, cuyo fundamento —sostienen— es la defensa del Instituto Nacional Electoral ante los “embates del plan B” del presidente López Obrador, que provocó consignas como “El INE no se toca” y “Mi voto no se toca”.

Por otro lado, la guerra informativa acerca del llamado Plan B, cuya finalidad es apuntalar los argumentos que sustentarán lo que, sin lugar a dudas, será una cruenta guerra judicial, que llenará nuestros espacios informativos de palabras leguleyas como impugnación, juicio, amparos, jueces, cortes, inconstitucionalidad y controversias, entre otras.

Y aunque la estrategia resulta simple, en el fondo es un poco más perversa de lo que parece: el uso descarnado de la jerga legal que se avecina, tiene por consigna atascar en algún juzgado la entrada en vigor del decreto aprobado por las dos cámaras; además de presentar ante la opinión pública un escenario apocalíptico, complejo y difícil de entender, contra el que hay que luchar a toda costa, empleando “cualquier” recurso que se necesite. Al mismo tiempo, la estrategia está diseñada para apartar de la cabal comprensión del resto de los ciudadanos, esa discusión rica en términos usados sólo por abogados.

Por eso, lo que responden los entrevistados en la concentración del 28 de febrero en el zócalo, resulta tan absurdo como falso: mi voto no se toca, no quiero que me quiten mi credencial para votar, la democracia está en juego, el INE no se toca, son unos demoniacos engendros y un largo etcétera.

Pero ¿Qué es el famoso Plan B? 

Es la alternativa elegida por el gobierno de AMLO ante la obstrucción legislativa a la llamada Reforma Electoral, debido a que no alcanzó la mayoría calificada para su aprobación. Por lo que los legisladores de Morena presentaron un decreto que modifica ciertas leyes secundarias que conciernen directamente al INE. 

El plan B busca hacer más eficiente el gasto y reducir la parte operativa de una institución obesa y principesca, que requiere de presupuestos multimillonarios para operar, lo que la ha convertido no sólo en una de las democracias más caras del mundo, sino en un coto de jardines encopetados, donde se atrinchera la burocracia dorada.

Abundan espacios donde se informa de los sueldos anticonstitucionales y las groseras prestaciones de las que gozan los servidores públicos que han tomado esa institución. Sin embargo, siempre hay un dato que logra sorprendernos pese a nuestra gruesa piel, curtida en el Fobaproa, Los amigos de Fox, El nuevo Pri, La guerra contra el narco, los fraudes electorales y un largo etcétera. Y eso se debe a que todo al interior del INE ha sido obsceno, pomposo y opaco a partes iguales. 

La soberbia corte

La primera batalla está en curso en estos momentos y empezó con la destitución del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, quien llevaba casi 15 años en el cargo, administrando eficientemente el sinuoso devenir institucional de sus camaradas, quienes actúan como una caterva virulenta que arropa, celebra, defiende y protege a cualquiera de los integrantes de esa selecta casta de funcionarios públicos de sangre azul, por lo que suelen sazonar cada argumento leguleyo y/o mentiroso con dejos de pedantería  y mucha soberbia. 

Así como lo hizo el consejero Ciro Murayama cuando su amigo, camarada y consejero presidente fue supuestamente “agredido” por una pregunta realizada por el periodista Álvaro Delgado, a propósito de una reunión clandestina entre los miembros de esta soberbia corte y los dirigentes de todos los partidos políticos de oposición, justamente en casa del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, quien por ese entonces firmaba los cheques, perdía el rastro del dinero, escondía los fideicomisos, otorgaba espléndidas dotes matrimoniales a costa del erario y, simultáneamente, crecía la plantilla del Instituto en poco más del 40% sólo para incrementar el presupuesto anual del INE.

Porque Edmundo Jacobo era el número 2 del organigrama del Instituto, pero de facto, en el orden operativo, concentraba más poder y tenía más atribuciones que el propio presidente consejero.

Por ejemplo, su designación —me refiero a la del segundo periodo, la que acaba de ser truncada, por supuesto—, estuvo plagada de irregularidades y controversias. Sin embargo, con apoyo de la soberbia corte, fue pulcramente operada por Lorenzo Córdova, justo tras ser ungido como Mirrey. 

Fue inútil la impugnación del contralor del Instituto y las protestas de los demás consejeros. Incluso los escandalizados titulares de la prensa fueron en vano. La corte alborotada alrededor del consejero presidente salió a medios a defender la decisión, haciendo gala de una pedantería del tamaño de la trampa que defendían, eso sí, con argumentos leguleyos y perversas mentiras. Así que, Edmundo Jacobo tomó protesta. Y el Instituto Nacional Electoral humito blanco exhaló: La soberbia corte estaba segura.

Porque el INE nos ha acostumbrado a cuestionables resoluciones, al protagonismo cuasi cómico de sus consejeros, a sus derroches, a los caprichos que rayan en la ilegalidad, a las mentiras que repiten sin empacho y a la ceguera selectiva. Pero conseguir que el Secretario Ejecutivo del INE —repito, elegido tramposamente por la soberbia corte— sólo pudiera ser destituido mediante juicio político, como si fuera un legislador, un juez de la Suprema corte de Justicia de la Nación o un Secretario de Estado, me parece, otra vez, un exceso.

Tal vez soy ingenua o se trate del afán por mantener fresca mi capacidad de sorpresa, pero el INE supera mis peores expectativas. 

Afortunadamente no creo que el desprestigio de la soberbia corte haya dañado de forma irreparable al Instituto, porque los mexicanos hemos aprendido, a base de golpes, que la democracia somos todos.

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M21