Harfuch y Rocha: confianza y fricción con Washington

En menos de 48 horas, México mostró a Estados Unidos dos caras de una misma realidad. En Buenos Aires, Omar García Harfuch fue llamado “socio de confianza” por el director de la DEA mientras presentaba resultados de la estrategia federal de seguridad. En Culiacán, Rubén Rocha Moya regresaba sorpresivamente al gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia y, tras quedarse prácticamente solo, volvía a separarse del cargo poco más de un día después. Parecen dos historias distintas. No lo son. Una explica la confianza que México intenta construir con Washington; la otra, las razones por las que esa confianza sigue siendo frágil.

Harfuch participó del 18 al 20 de agosto en la 40° Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA en Buenos Aires. Ante delegaciones de más de 100 países presentó cifras difíciles de ignorar: una reducción cercana al 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos respecto de septiembre de 2024, más de 30 mil armas aseguradas, golpes a la producción de drogas sintéticas y a las estructuras financieras del crimen organizado, además del traslado de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos. México llegó a defender una fórmula que resume la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum frente a Washington: coordinación sin subordinación.

Pero el dato políticamente más importante quizá no apareció en ninguna estadística. Terrance Cole, director de la DEA, llamó públicamente a Harfuch “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”. Harfuch reconoció, a su vez, que el intercambio de información se ha vuelto más rápido. En una relación atravesada por extradiciones, visas, aranceles, acusaciones contra funcionarios mexicanos y presión en materia de seguridad, contar con un interlocutor creíble del otro lado de la frontera se convierte en un activo estratégico. Harfuch salió de Argentina con algo difícil de medir, pero indispensable en política: confianza.

Mientras eso ocurría, Sinaloa caminaba en dirección contraria. El viernes 21, Rocha Moya anunció que retomaba la gubernatura después de la licencia que había solicitado en mayo, en medio de acusaciones provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Aseguró volver con “la frente limpia y en alto” y sostuvo que no había cometido delito alguno. Pero su regreso no había sido acordado con la dirigencia de Morena ni con el gobierno federal. Gobernación lo definió como una decisión personal, dirigentes y legisladores oficialistas le pidieron reconsiderarla y gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación cerraron filas con la Presidenta. Poco más de un día después, Rocha solicitó nuevamente licencia.

La escena sería suficientemente reveladora por sí misma, pero existe un antecedente que cambia su significado. Harfuch y Rocha ya habían compartido el mismo escenario durante la crisis de violencia que estalló en Sinaloa en septiembre de 2024. El secretario viajó repetidamente a la entidad, encabezó reuniones de coordinación y supervisó el despliegue federal frente a la confrontación entre grupos criminales. Durante meses, Sinaloa se convirtió en uno de los principales laboratorios de la estrategia de seguridad: la Federación enviaba fuerzas, inteligencia y recursos para intentar contener un incendio que tenía profundas raíces locales.

Ese pasado convierte lo sucedido ahora en algo más que la coincidencia de dos noticias. El funcionario que Washington reconoce como interlocutor confiable es el mismo que tuvo que trasladarse reiteradamente al territorio gobernado por Rocha para enfrentar una de las crisis de seguridad más complejas del país. Harfuch representa la capacidad federal para intervenir; Rocha recuerda los límites de esa capacidad cuando el propio poder local se encuentra bajo cuestionamiento.

Ese es el verdadero desafío que dejaron Buenos Aires y Culiacán. México necesita interlocutores capaces de hablar con Washington desde una posición de respeto, pero su soberanía no puede descansar en la confianza que una agencia estadounidense deposite en un secretario. La relación será más equilibrada cuando los buenos resultados federales no tengan que convivir con instituciones locales cuestionadas, expedientes abiertos y sospechas que periódicamente regresan a la mesa bilateral.

Harfuch puede construir confianza y Rocha puede generar fricción, pero ambos son circunstanciales. La relación entre México y Estados Unidos seguirá después de ellos. Por eso la verdadera soberanía no consiste solamente en exigir que Washington no intervenga, sino en reducir desde México las razones que le permiten presionar. Porque un buen interlocutor puede contener una crisis; instituciones confiables evitan que esa crisis exista.