Caminos y montañas
Por: Carmelo Galindo L.
Sinaloa envuelta en violencia y sin programas de recuperación elegirá nuevos representantes.
Sinaloa, más allá de sus 22 meses de “guerra local” aún no reconocida como tal por las autoridades estatales y federales, se enfrenta a serias y complejas realidades donde las familias padecen impensables costos sociales, familiares y patrimoniales.
Cerrar los ojos no es la opción y tomar las armas tampoco; por ello, es altamente admirable que la mayoría de los ciudadanos eligieron la vía correcta: la de la paz y de la economía, el empleo e ingresos, pues la mayoría de sinaloenses -sin importar la falta del reconocimiento nacional- siguen de “pie” trabajando y produciendo millones de toneladas de maíz, frijol, trigo y garbanzo, frutas, hortalizas, cárnicos y proteínas de origen acuático para abastecer la demanda del país y del vecino de la frontera norte. Dicho sea de paso, este esfuerzo que están demostrando los trabajadores, productores y empresarios sinaloenses no se corresponde con el abandono que les está dando el gobierno federal y estatal, pues brillan por su falta de creatividad intelectual y ausencia presupuestal para apoyar esos esfuerzos. Veamos más de cerca.
Algunos informes reportan que más del 40 % de los homicidios han recaído en personas jóvenes y menores de edad, hecho que lastima profundamente a los padres de familia y familiares cercanos y, por desgracia, a pesar de todos los desastres sociales que esto implica, ninguna autoridad competente de los tres niveles de gobierno ha desplegado acciones específicas para subsanar los efectos adversos en los más afectados, dejando que sus pérdidas y costos emocionales y psico-mentales sean asumidos en total soledad y abandono y tantos más en la precariedad material; sin mencionar otros aspectos de tipo legal como la ausencia del ejercicio del Estado de Derecho, que resulta clave para obtener justicia. Si no el Estado, ¿para qué o para quiénes?
En el terreno de la economía y establecimientos mercantiles, miles de negocios grandes, medianos y pequeños han cerrado sus puertas, entre los cuales se contabilizan a propietarios locales, cuyos negocios eran la fuente principal o única de autoempleo e ingresos para toda la familia; en este aspecto, los citados niveles de gobierno tampoco se han ocupado de diseñar e implementar un programa estatal con acciones sectoriales tendientes a subsanar esas pérdidas del sustento alimenticio; dicho esto, sería muy interesante que las autoridades de las secretarías de economía -de los tres niveles de gobierno- sean llamados al congreso estatal y cámara de diputados para que presenten un informe -padrón- donde se detallen las cifras de establecimientos y el número de empleos perdidos en estos 22 meses de conflicto.
Por otra parte, en seguridad, las dependencias estatales se escudan en las acciones y tareas de seguridad que despliegan las fuerzas armadas federales como las del ejército, marina y guardia nacional, principalmente; sin embargo, las fuerzas de seguridad estatales y municipales, quizá podrían presentar un plan estatal y municipal de seguridad alternativo, enfocado a proteger los recintos y espacios públicos como parques y mercados populares para inhibir aquellos actos que sean de delincuencia común, que aunque ellos los consideren de bajo riesgo para los ciudadanos, en general, sí les afectan a diario, impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas con la confianza que requieren; es el caso del robo a habitación, asalto en vía pública y transportes, asalto a establecimientos, extorsión vía medios de comunicación, robo de autopartes y de carros estacionados, entre otros.
Evidentemente, en las condiciones que vive el pueblo sinaloense, no existe la delincuencia menor o poco importante, por lo que, es el Estado quien tiene la obligación de multiplicar las acciones para frenar esos flagelos y dejar de escudarse en el fallido y errado “mando único”; ya que, las condiciones de inseguridad estatal están afectando a todos los sectores económicos y grupos de población. Ya es tiempo, también que en materia de seguridad, todos los diputados federales y senadores se pronuncien al respecto y que presenten en tribuna y a la opinión pública sus propuestas y presupuestos para este fin. A ver hasta cuándo se animan.
Respecto a los alcaldes municipales, sin importar sus “filias” partidistas o ideológicas, es oportuno y muy necesario que conformen programas interregionales para subsanar con medidas indirectas de seguridad la falta de empleo, ingresos, salud y alimentación de los grupos más vulnerables; por ejemplo, bien pueden emprender acciones de empleo y atención a familias de colonias y comunidades más afectadas mediante la apertura de mercados populares donde se vendan alimentos frescos y de buena calidad que producen los productores en zonas cercanas y lo mismo se puede instalar consultorios con médicos y terapeutas para atender allí a personas con padecimientos crónicos que aún no está comprometida su existencia e incluso convocar a la sociedad civil a participar con apoyos en especie para esta finalidad; pues, trabajar por la seguridad no siempre implica portar un chaleco y tirar bala, sino también contribuir a la generación de empleos, proveer consultas, medicamentos y alimentos a las personas más necesitadas. Al realizar estas acciones, abren la puerta a la mejoría de las condiciones de seguridad a corto y mediano plazo.
En resumen, hoy por hoy, el tejido social sinaloense reclama autoridades, representantes y ciudadanos cooperantes, aglutinándose en programas estatales y locales, cuya finalidad sea gestionar la crisis estatal de violencia e inseguridad, cuyos efectos en la economía y el tejido social son desastrosos, por decir lo menos. Es momento de comenzar la recuperación de la paz duradera y sostenida desde la economía e inversión en programas específicos, basados en la esperanza de que más temprano que tarde este conflicto perderá su fuerza, pero sería muy lamentable que cuando eso suceda, todo el tejido comunitario, familiar, laboral y económico esté abandonado o destruido por la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno y por la falta de voluntad de los representantes federales y estatales.
Además, sería una desvergüenza total que después de dejar a su suerte al pueblo sinaloense en este conflicto, sin hacer nada y sólo nadar de “muertitos”, cualquiera de los 20 alcaldes o de los 24 diputados locales y 10 federales o de los 3 senadores, todavía se atrevan a presentarse en el 2027 a pedir el voto para su reelección o subir otro escalafón. Hasta ese momento, quizá se den cuenta que la última palabra la tienen los 2.3 millones de ciudadanos con su voto.
Hasta pronto.
